Ecuador ha puesto en marcha una campaña de represión contra las migrantes venezolanas después de que una mujer ecuatoriana embarazada fuera asesinada el sábado por la noche. La policía y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, han dicho que el asesino de Diana Carolina Ramírez fue su novio, un inmigrante venezolano. Su nombre fue dado como Yordy Rafael LG, quien supuestamente estaba bajo custodia.
Ramírez tenía 22 años y cuatro meses de embarazo cuando fue apuñalada hasta la muerte después de haber sido mantenida como rehén durante una hora y conducida por las calles de Ibarra, una ciudad del norte. Los testigos capturaron el vídeo del asesinato y lo difundieron en los medios de comunicación social, lo que provocó la indignación nacional. Esto llevó a Moreno a reforzar los controles de inmigración para los venezolanos y a enviar fuerzas especiales a las calles.
Verificar identidades y permisos
«He ordenado la creación inmediata de unidades para controlar el estatus legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera», dijo Moreno el domingo por la tarde. «Hemos abierto nuestras puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie.»
Ecuador, junto con otros países sudamericanos, ha recibido a cientos de miles de venezolanos que huyen de una crisis económica en su país, donde la hiperinflación es galopante y la escasez de alimentos y medicinas es generalizada.
Según el ACNUR, el organismo de las Naciones Unidas para los refugiados, 3 millones de venezolanos han huido, mientras que las autoridades ecuatorianas dicen que 1,3 millones de venezolanos entraron al país el año pasado, la mayoría de los cuales continuaron hacia el sur, hacia Perú.
Moreno también anunció que el gobierno podría crear un permiso especial para que los venezolanos entren al país, aunque no ofreció detalles. El año pasado su administración dijo que estaba implementando regulaciones que requerirían que los venezolanos mostraran pasaportes al entrar al país, aunque estaba bloqueado en los tribunales.
Tras el asesinato, estallaron explosiones de ataques contra el pueblo venezolano, particularmente en Ibarra. Los videos que circulan en los medios sociales muestran turbas de ecuatorianos acosando a venezolanos, irrumpiendo en sus casas y quemando sus posesiones. Videos de aeropuertos y terminales de autobuses, donde los venezolanos a menudo se congregan, muestran un acoso similar.
Dos países enfrentados
El gobierno de Venezuela, que lleva mucho tiempo en desacuerdo diplomático con Ecuador y niega cualquier crisis interna, denunció los ataques y acusó al gobierno de Ecuador de avivar la xenofobia, que ha estado levantando la cabeza esporádicamente desde el inicio del éxodo venezolano hace tres años.
«El presidente Moreno y su gobierno han incitado a una persecución fascista contra los venezolanos en Ecuador», dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, el domingo por la noche. «Responsabilizamos al gobierno ecuatoriano por la seguridad de nuestros compatriotas». La ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, dijo que la policía podría haber hecho más para prevenir el apuñalamiento, y dijo que había despedido al jefe de policía de Ibarra.
«Hay reglas a seguir, pero la policía tiene la obligación de actuar, especialmente cuando se trata de proteger una vida. El feminicidio se cometió mientras la policía estaba allí y deberían haber actuado», dijo Romo en una conferencia de prensa.
Los grupos de derechos humanos también se apresuraron a denunciar la decisión de Moreno de enviar a las fuerzas estatales a las calles. «Esta declaración, y las brigadas que propone, sólo aumentan la xenofobia», dijo José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch. «El gobierno no puede propagar la histeria colectiva.»